Lo que ocurrió después del 60 a 5

Hace algunos años entendí algo que hoy intento aplicar dentro y fuera de la cancha: Lo que ocurrió después del 60 a 5

Hace algunos años entendí algo que hoy intento aplicar dentro y fuera de la cancha: ser consecuente con mis decisiones. No siempre tomo las mejores. Me equivoco, como cualquiera. Pero procuro asumir las consecuencias de lo que hago sin buscar responsables en otros.

Quizá por eso me llamó la atención lo ocurrido el pasado 7 de junio durante una de las semifinales del Torneo Puerta de Oro de la Liga de Rugby del Atlántico entre UA y Kaamash.

En la cancha, Kaamash ganó el partido por 60 a 5. Sin embargo, posteriormente se identificó que había alineado a un jugador que no podía participar. El jugador había recibido tarjeta roja en su partido anterior, producto de una doble tarjeta amarilla. De acuerdo con el Artículo 11, literal D, del Reglamento de Competiciones Interno de la Liga de Rugby del Atlántico 2026, todo jugador sancionado con tarjeta roja queda privado de jugar el siguiente partido, independientemente de la categoría.

Ante esta situación, UA presentó la reclamación correspondiente. Como consecuencia de dicha reclamación, y tras la revisión del caso por parte de la Liga, el resultado fue modificado y Kaamash perdió el encuentro por marcador de 28 a 0, conforme a lo establecido en el Artículo 1, literal g, del mismo reglamento, que contempla la pérdida del partido por WO en los casos de alineación indebida.

Y aquí es donde vale la pena detenerse.

Porque algunos han querido presentar la situación como si el problema hubiera sido la reclamación, como si el problema hubiera sido UA, como si el problema hubiera sido la Liga, como si el problema hubiera sido Andrés Santos, director del torneo y presidente de la Liga… o como si el problema hubiera sido Felipe Arias (Pipe), entrenador de UA y coordinador de las categorías juvenil y femenina de la Liga.

Pero no.

El problema fue la alineación indebida de un jugador suspendido.

Todo lo demás ocurrió después.

UA hizo uso de un mecanismo contemplado en el reglamento; exactamente el mismo mecanismo que cualquier club tiene derecho a utilizar cuando considera que existe una irregularidad.

De hecho, durante este mismo torneo, Kaamash presentó una reclamación contra Spartans en la categoría juvenil por la alineación de jugadores con edades superiores a las permitidas. Del mismo modo, Abadas presentó una reclamación contra Mokaná Femenino por la participación de tres jugadoras que no se encontraban registradas en la plataforma oficial de la competencia.

Ninguno de esos casos generó cuestionamientos sobre la existencia de las normas o sobre el derecho de los clubes a exigir su cumplimiento. Todos entendieron que las reglas existen para ser respetadas.

Por eso resulta difícil comprender que cuando el procedimiento beneficia a Kaamash sea considerado válido, pero cuando se aplica contra Kaamash aparezcan acusaciones contra la Liga, contra sus directivos o contra miembros de otros clubes.

Si un club exige el cumplimiento del reglamento cuando se siente afectado, también debe estar dispuesto a aceptar las consecuencias cuando es él quien incumple ese mismo reglamento.

Eso se llama coherencia.

Y la coherencia es uno de los pilares de cualquier competencia seria.

Lo más preocupante de esta situación no fue la infracción. Los errores administrativos ocurren. Han ocurrido antes y volverán a ocurrir. Lo preocupante fue observar cómo una discusión que debía centrarse en una alineación indebida terminó convirtiéndose en ataques contra la institucionalidad de la Liga y contra personas específicas.

En los días posteriores a la decisión circularon mensajes y publicaciones en redes sociales dirigidos contra Andrés y Pipe. Entre ellos, publicaciones que calificaban a la Liga como una “dictadura” y piezas gráficas en las que aparecían tanto el presidente de la Liga como el entrenador de UA como responsables de la situación.

Sin embargo, ninguna de esas publicaciones modifica el hecho central que originó todo el proceso: la participación de un jugador que debía cumplir una fecha de suspensión.

Y aquí hay algo que considero necesario decir con claridad.

Una cosa es no estar de acuerdo con una decisión, otra es cuestionar una sanción o expresar inconformidad con el resultado de un proceso disciplinario. Eso forma parte normal de cualquier competencia deportiva.

Otra muy distinta es señalar públicamente a personas específicas como responsables de una situación que NO provocaron.

No comparto las publicaciones ni los mensajes dirigidos contra Andrés y Pipe.

Andrés cumplió su función como director del torneo. Pipe como entrenador de UA. Ninguno de los dos alineó al jugador suspendido. Ninguno de los dos tomó la decisión que originó la reclamación.

Por eso considero injusto que se les atribuya responsabilidad por una consecuencia derivada de una infracción cometida por otro club.

El rugby habla constantemente de respeto, integridad y responsabilidad. Sin embargo, esos valores no se ponen a prueba cuando las cosas salen bien. Se ponen a prueba cuando cometemos errores y debemos asumir sus consecuencias.

Criticar una decisión puede ser legítimo.

Atacar personas es algo diferente.

Porque la pregunta que debería hacerse cualquier organización después de un episodio como este es sencilla:

¿Qué hicimos mal?

Y no:

¿A quién podemos culpar?

Mientras una organización dedique más tiempo a buscar responsables externos que a revisar sus propios errores, será muy difícil que aprenda de ellos.

La realidad es simple. Si el jugador estaba suspendido, no debía jugar. Si jugó, existió una irregularidad. Si existió una irregularidad, cualquier club tenía derecho a reclamar. Y si la reclamación prosperó, la discusión debería centrarse en la causa que originó el problema, no en quienes hicieron valer el reglamento.

Las reglas no dejan de ser válidas cuando nos perjudican. La responsabilidad tampoco desaparece cuando las consecuencias resultan incómodas.

Por eso creo que el verdadero debate que deja esta situación no es sobre quién ganó o perdió una semifinal.

El verdadero debate es sobre la capacidad que tienen los clubes para asumir las consecuencias de sus propios actos.

Porque la integridad de una competencia no depende únicamente de tener un reglamento.

Depende también de que todos estén dispuestos a respetarlo, incluso cuando hacerlo no les favorezca.

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